A pocos meses de asumir la presidencia de Bolivia, el presidente Paz se enfrenta al difícil panorama esperado, tanto a nivel económico como político. La reforma de la política económica exige muchos sacrificios a la población, ya que el aumento de los salarios no compensa la eliminación de las subvenciones en el precio de los combustibles. Además, se ha roto la alianza con el vicepresidente Lara y se avecinan muchas dificultades de cara a las elecciones subnacionales de 2026. Bolivia está pasando de un esquema casi monopartidista, marcado por la hegemonía del MAS, a un multipartidismo disperso en estas elecciones, lo que podría dificultar aún más la implementación del programa de gobierno del presidente.
La contención de la crisis de los combustibles
Con el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz asumió el reto central de ajustar los precios relativos, lo que se esperaba que provocara el rechazo de los gremios del país, desde las cooperativas mineras hasta la tradicional COB (Central Obrera Boliviana), pasando por las asociaciones de conductores. La ausencia de recursos públicos para atenuar o ajustar de forma gradual los precios implicó un aumento inmediato del 163 % en el precio del diésel, que, según el Gobierno, representa ahora «los precios reales».
Esta medida dificulta la aplicación de soluciones habituales, como las que proponían los gobiernos del MAS. Aunque se lograron acuerdos preliminares con muchos gremios que implicaron la suspensión de las protestas del sector y la apertura de negociaciones mediante mesas de trabajo, la COB sigue con su movilización y espera que el Gobierno abrogue la norma por completo. A través de negociaciones complementarias con las Juntas Vecinales y las Cámaras de Transporte, se han establecido mesas técnicas para debatir los problemas del sector, lo que ha permitido al Gobierno ganar tiempo para implementar la medida adoptada, así como para contratar nuevos créditos internacionales. El objetivo de las futuras negociaciones es fijar los precios del pasaje, que están regulados por los gobiernos locales. Por ello, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores para establecer criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.
La ruptura de la alianza de gobierno
Al mes y medio de iniciarse, el Gobierno muestra una acelerada fragmentación, incluso en las propias alianzas victoriosas, en las que cada uno de los protagonistas actúa por su cuenta. El presidente se está esforzando por configurar la alianza Patria con el fin de consolidar el poder territorial y dar continuidad al proyecto gubernamental, para lo cual presentará candidatos competitivos en gobernaciones y alcaldías clave. Al mismo tiempo, se ha oficializado la ruptura con el Partido Demócrata Cristiano, fuerza con la que Paz llegó al poder, y se ha profundizado el distanciamiento con el vicepresidente, Edmand Lara, que quedó fuera del nuevo bloque y no logró habilitar su propia fuerza política para competir en las elecciones. Lara, como vicepresidente, se siente excluido de las decisiones y se ha declarado «opositor constructivo». Con la ruptura del exitoso binomio electoral, el vicepresidente boliviano ha denunciado que Paz le ha «dejado de lado» y que, en su opinión, ha decidido «gobernar para los ricos» y «rodearse de gente corrupta», mientras que él se ha marcado el objetivo de «combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal». Sus reclamaciones van dirigidas tanto al presidente como al Parlamento en general, y han enrarecido el clima político del país.
Rumbo a las elecciones subnacionales
De cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales en todo el país, se prevé un panorama complicado. El Tribunal Supremo Electoral ha recibido la inscripción de un número récord de 34 618 candidaturas para estas elecciones, distribuidas en 184 organizaciones políticas. Si se mantienen estas cifras, podría producirse una proliferación de siglas y microalianzas, lo que daría lugar a autoridades débiles, concejos fragmentados y una gobernabilidad precaria en departamentos y municipios.
Hasta ahora no se vislumbran fuerzas políticas cohesionadoras, sino una tendencia hacia un multipartidismo disperso que dificultará la generación de los consensos necesarios para avanzar en las difíciles decisiones que deben tomarse en el territorio ante el cambio de rumbo político a nivel nacional. Esto podría generar una situación de desencuentro entre las dinámicas del nivel central y la lentitud de la implementación en el nivel local, una situación que en el pasado ha supuesto un freno estructural para el cambio en la sociedad boliviana. Lo que para algunos es el renacimiento de localismos con personalidades y opciones políticas cercanas a la población, para otros es el regreso de operadores políticos basados en caudillos y fuerzas locales capaces de reproducir viejas lógicas de prebenda, tráfico de siglas y reciclaje de élites locales. Desde esta perspectiva, hay muchas dudas de que Bolivia vaya a experimentar la esperada renovación de su liderazgo político, y más bien se teme que vaya a caer en el reciclaje de dirigentes sindicales, exautoridades y operadores tradicionales. El alto número de candidaturas puede generar muchas frustraciones, sentimientos de exclusión, una baja representación real y una ciudadanía cada vez más escéptica frente a un sistema que multiplica candidatos, pero no respuestas.
Ante este panorama, al presidente Paz le queda un arduo trabajo de diálogo en múltiples frentes para avanzar en su programa político y mantener un nivel de legitimidad suficiente para seguir llevando a cabo los cambios indispensables para reorientar el desarrollo de Bolivia y mejorar las condiciones de vida de la población.
(gg)