"Honduras se encamina hacia un gobierno deslegitimado"

En Honduras hubo elecciones el pasado 30 de noviembre. Algo más de la mitad del padrón, unos 3,3 millones de personas, votó sobre un total de 6,5 millones de electores. Más de 20 días después, aún no hay resultados oficiales.

El escrutinio muestra un resultado extremadamente ajustado entre dos candidatos: Nasry Asfura, conservador, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, liberal de centro-derecha, del Partido Liberal.

"Con el 99,92 % de las actas procesadas, Nasry Asfura aventaja por unos 29.000 votos a Salvador Nasralla”, señala Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo hondureño de Transparencia Internacional, en entrevista con DW desde el Centro Nacional Electoral.

"Hemos realizado un recuento paralelo con cinco fuentes distintas. La diferencia entre ambos candidatos es inferior al uno por ciento”, asegura.

Las causas de la demora

¿Dónde radican, entonces, las razones para la ausencia de resultados oficiales?
Virginia Contreras, exdirectora de Seguridad Pública de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)de la OEA, explica a DW que la prolongación del escrutinio es el desenlace de una combinación de fallas estructurales, deficiencias técnicas y tensiones políticas que se arrastran desde antes de la jornada electoral.

Según la experta, los problemas en la transmisión y el procesamiento de resultados -vinculados a procesos de contratación cuestionados - se suman a un clima de alta polarización y un margen mínimo de diferencia, con lo que cada error o demora se transforma en un nuevo foco de confrontación.

En el mismo sentido discurre el análisis de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch: "Con el paso de las semanas, el debate dejó de centrarse en la integridad del voto y pasó a disputarse en el terreno político", analiza consultada por DW.

"Aunque no se han identificado irregularidades graves que alteren el resultado general, algunos sectores han optado por bloquear el proceso y cuestionar su validez para reabrir una definición que no lograron en las urnas", sostiene.

¿Hubo fraude?

De hecho, las denuncias de fraude no han sido respaldadas por las instancias de observación. "No ha habido ningún indicio de fraude durante el proceso electoral", afirma categórico Carlos Hernández. "Hemos tenido 12.000 observadores a nivel nacional - el movimiento de fiscalización más grande - y nuestra conclusión es que no ha habido irregularidades", subraya.

En el mismo sentido se han expresado los organismos internacionales involucrados. "La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea considera que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente", dio a conocer esta semana de manera oficial desde Tegucigalpa la Misión.

¿Obstáculos en el camino?

En el plano político entran en juego otros intereses. "Lo que está claro es que el pueblo rechazó al oficialismo", sostiene Hernández en referencia al bajo porcentaje - inferior al 20 por ciento- que habría obtenido la candidata del partido LIBRE, Rixie Moncada, de perfil progresista, que habría quedado en un distante tercer lugar. "Ahí es donde viene el problema", indica el analista.

"Inmediatamente después del proceso electoral el consejero del oficialismo anunció que no firmaría la declaratoria de elecciones, un paso clave para oficializar los resultados", puntualiza el experto hondureño apuntando a maniobras de obstaculización del proceso por parte del oficialismo.

Una transición en riesgo y un escenario de alta inestabilidad

Así las cosas, para todos los expertos consultados la gravedad de la situación es considerable. "No se trata de un retraso técnico, sino de una crisis política que pone en riesgo la transición democrática", advierte Goebertus.

"El retraso erosiona la legitimidad del proceso", continúa. "Desde el punto de vista de la gobernabilidad, iniciar un mandato sin reconocimiento pleno complica desde el inicio la estabilidad política, la relación entre los poderes del Estado y la capacidad de gestión del próximo gobierno".

En la misma línea, la politóloga Dolores Gandulfo, coordinadora de la misión de observación electoral de Copppal en Honduras, sostiene ante DW que "el país se encamina hacia un gobierno deslegitimado".

"Los riesgos de una profundización de la crisis política, de represión de la protesta social y de migración masiva son altos en un país que, hace apenas 16 años, atravesó un golpe de Estado y ha vivido desde entonces sucesivas crisis, estallidos sociales y una fuerte injerencia de actores extranjeros", señala la también profesora de la USAL.

Para Virginia Contreras, Honduras se encuentra hoy "en una encrucijada: o avanza hacia el fortalecimiento de sus instituciones o corre el riesgo de seguir normalizando procesos electorales cuestionados, que perpetúan la inestabilidad y el desencanto ciudadano".

En una semana, a más tardar, debería haber certeza. El próximo 30 de diciembre vence el plazo legal para la proclamación de los resultados oficiales. 

(chp)