Venezuela con amnistía y sin Helicoide: ¿un gesto cosmético?
3 de febrero de 2026
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado viernes, 30 de enero de 2026, una amnistía general y el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más temidos del país. El anuncio se produjo a pocos días de que se cumpliese un mes de la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y en un contexto de fuerte presión internacional y altas expectativas internas sobre posibles cambios políticos en el país.
Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal recibieron la noticia "con optimismo, pero con cautela", una reacción que resume el clima dominante: esperanza contenida y desconfianza aprendida, tras años de anuncios incumplidos.
El Helicoide no es un edificio cualquiera. Concebido en los años 50 como un ambicioso centro comercial, terminó convertido en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Durante años, organismos nacionales e internacionales documentaron allí detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles.
¿Solo un gesto simbólico?
El politólogo venezolano Benigno Alarcón Deza subraya, en entrevista con DW, que "El Helicoide es un símbolo importante de la represión". Sin embargo, advierte que "cerrar el edificio no significa que la capacidad represiva del Estado haya desaparecido". Y recuerda que, hasta ahora, "no hay fecha ni claridad sobre cómo se va a concretar ese cierre".
Una lectura similar ofrece el sociólogo David Smilde, de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans (Estados Unidos). El Helicoide tiene un peso particular en el imaginario venezolano por ser "un lugar ominoso, visible desde gran parte de Caracas, asociado a torturas y presos políticos", dice a DW. Por eso, sostiene que será "muy difícil recuperarlo como símbolo positivo" sin un cierre total y una reconversión profunda, sin presencia policial alguna.
El anuncio plantea una pregunta central: ¿marca una transformación real o es meramente un gesto dirigido al exterior? Alarcón considera que se trata, por ahora, de un acto principalmente simbólico, orientado a enviar señales al presidente estadounidese Donald Trump. "La capacidad represiva del Estado está intacta", afirma, y añade que el riesgo es "confundir las señales con hechos definitivos e irreversibles".
La amnistía: expectativas y zonas grises
La otra pieza clave del anuncio es la amnistía general para presos políticos detenidos desde 1999 en adelante. Según Alarcón, una amnistía real debería garantizar "la libertad plena" de los excarcelados, sin presentaciones periódicas ni prohibiciones de opinar, y asegurar la irreversibilidad de la medida. "No puede quedar un expediente abierto para ser usado mañana", advierte.
El politólogo también anticipa que la amnistía podría no limitarse a presos de la oposición. "No debería extrañarnos que también se hable de amnistiar a personas del propio Gobierno", señala, como una forma de proteger a funcionarios que podrían enfrentar acusaciones en el futuro.
Smilde coincide en que una amnistía legítima debe inscribirse en los pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No basta con liberar presos, dice, sino que es necesario "limpiar sus nombres", investigar lo ocurrido y ofrecer algún tipo de reparación a quienes perdieron años de su vida en prisión. El punto más crítico, subraya, es evitar la "puerta giratoria" de presos políticos, como se conoce la práctica de liberar a unos mientras se detiene a otros.
Ni Alarcón ni Smilde consideran que el cierre de El Helicoide, por sí solo, repare el daño causado. Ambos coinciden en que, sin liberaciones completas, garantías legales y cambios estructurales, el anuncio corre el riesgo de quedar en el terreno de lo cosmético.
(rml)